UGT Menorca

 En este buzón se pueden presentar por vía telemática denuncias por parte de los trabajadores que sean víctimas de prácticas de fraude laboral. El buzón de lucha contra el fraude laboral puesto en marcha por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social hace un año ha permitido aflorar 74 empleos irregulares en Balears y se han impuesto sanciones por un total de 356.105 euros, según ha informado el Departamento que dirige Fátima Báñez.   En toda España, han sido 1.592 los empleos irregulares que han aflorado, se han liquidado cuotas a la Seguridad Social por importe de 1,4 millones de euros y se han impuesto sanciones a las empresas infractoras por valor de 4,4 millones de euros.   Como consecuencia de las denuncias efectuadas a través de este  buzón, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inició 8.192 actuaciones, de las que ha resuelto ya un total de 5.377.   El Ministerio de Empleo y Seguridad Social puso a disposición de los ciudadanos esta herramienta en agosto de 2013, co

 UGT y CCOO achacan el incremento de la siniestralidad a la falta de políticas de prevención S. Carbonell   | Palma | 23/08/2014 Los accidentes laborales  aumentaron un 7,3 % de enero a mayo de 2014, en comparación con el mismo período del año anterior: de los 4.848 de 2013 se pasó a 5.189. UGT y CCOO achacan el incremento de la siniestralidad a la falta de políticas de prevención. «Parece que hay una cierta relajación por parte de los empresarios a la hora de poner en marcha medidas de prevención para evitar que los trabajadores puedan sufrir un accidente», afirma el secretario general de UGT Balears, Manuel Pelarda. Para el líder sindical lo que hace falta son «políticas de prevención» que garanticen que un trabajador pueda ir tranquilo a su puesto de trabajo sin las graves consecuencias que puede acarrear un siniestro laboral. «A la falta de prevención hay que unir la precariedad con la que muchas personas están llevando a cabo su trabajo», puntualiza Pelarda y añad

 Los parados deben acudir a fichar durante diez o quince días seguidos y en horas diferentes para no perder su prestación. El Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) siempre ha realizado controles sobre los perceptores de prestaciones, pero desde que el Gobierno puso en marcha el Plan Antifraude en 2012 hay parados que pagan por la picaresca de otros y se sienten tratados como potenciales defraudadores. «Están humillando a los parados con derecho a cobrar alguna prestación o subsidio», se lamenta una afectada que prefiere preservar su identidad. Critica en concreto la última campaña de control realizada en Ciutadella. «Algunas personas tienen derecho a cobrar 60 euros mensuales, lo que representa dos euros al día, y tienen su lugar de residencia a más de diez kilómetros de Ciutadella, lo que supone que el coste para desplazarse a la oficina de empleo durante los 15 días de control es más elevado de lo que les toca cobrar». No acudir a los controles de presencia supone