El servicio de empleo como patrono.



Los parados deben acudir a fichar durante diez o quince días seguidos y en horas diferentes para no perder su prestación.

El Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) siempre ha realizado controles sobre los perceptores de prestaciones, pero desde que el Gobierno puso en marcha el Plan Antifraude en 2012 hay parados que pagan por la picaresca de otros y se sienten tratados como potenciales defraudadores.

«Están humillando a los parados con derecho a cobrar alguna prestación o subsidio», se lamenta una afectada que prefiere preservar su identidad. Critica en concreto la última campaña de control realizada en Ciutadella. «Algunas personas tienen derecho a cobrar 60 euros mensuales, lo que representa dos euros al día, y tienen su lugar de residencia a más de diez kilómetros de Ciutadella, lo que supone que el coste para desplazarse a la oficina de empleo durante los 15 días de control es más elevado de lo que les toca cobrar».

No acudir a los controles de presencia supone incurrir en una falta y conlleva la apertura de un expediente de sanción. Como esta afectada, son muchos los desempleados que creen que se está persiguiendo a los más débiles. Pero otros están de acuerdo en acabar con la picaresca de los que cobran y trabajan en la economía sumergida o residen en el extranjero.

«Las citaciones son una práctica habital y se vienen haciendo desde hace muchos años», explican en el SEPE de Balears. «Al igual que el Servei Balear d’Ocupació (SOIB), obliga cada tres meses a sellar la tarjeta a los demandantes».