El cierre en veraneo de funcionarios en el Lazareto deja a 14 empleados en la calle

La decisión del Ministerio de Sanidad de poner fin al uso vacacional del Lazareto del puerto de Maó por parte de sus funcionarios ha tenido consecuencias directas sobre la plantilla de empleados que trabajan allí cada verano.

Por lo pronto, el complejo residencial ha reabierto sus puertas con sólo 8 de los 26 que llamó la temporada pasada, notificando por correo electrónico a los 14 restantes que por ahora pospone su contratación de forma indefinida.

«Se le comunica el aplazamiento del llamamiento para la incorporación a su destino en el Centro de Formación 'Lazareto de Mahón' como consecuencia de la suspensión de las actividades en dicho centro, que justifican esta incorporación», se limita a informar el Ministerio de Sanidad a los 14 trabajadores afectados, que en su gran mayoría dependen de su sueldo en el Lazareto para poder mantener a sus familias.

Durante el día de ayer, la Unión General de Trabajadores (UGT) recibió a los 14 empleados que no han sido llamados por Sanidad, entre los que hay limpiadoras, personal de mantenimiento y lavandería, para expresarles su apoyo y poner a su disposición todos los medios legales para reclamar el cumplimiento de su contrato con el Ministerio.

«La situación contractual en la que han quedado es muy desagradable -explicó el responsable de Funció Pública de la UGT, Llorenç Valls- porque si deciden echarlos les va a resultar muy poco costoso, al margen de que la administración puede hacerlo sin avisarles».

Por ahora, los 8 trabajadores que han empezado a trabajar son exclusivamente los que tenían contrato fijo (y que Sanidad está obligada a incorporar), mientras que los fijos discontinuos y los eventuales deberán esperar indefinidamente a que les llamen, si eso acaba sucediendo. «Se daba muy buen servicio; no sé si los funcionarios que veraneaban allí eran privilegiados, pero ellos, que cobran unos 800 euros al mes, seguro que no», concluyó Valls.