El anteproyecto de ley de agilización del alquiler favorece a las entidades financieras y perjudica a los inquilinos

Un nuevo varapalo para los jóvenes, que conforman el 75% de la demanda en alquiler.

UGT Menorca considera que el anteproyecto de ley de agilización del alquiler no va a incentivar el alquiler, supone un recorte de garantías y derechos de los inquilinos y beneficia a las entidades financieras frente al resto de los ciudadanos. El sindicato afirma que uno de los colectivos más perjudicados va a ser de nuevo el de los jóvenes (conforman el 75% de la demanda de alquiler) y recuerda que el Gobierno recortó la Renta Básica de Emancipación. El sindicato denuncia que de nuevo el Gobierno aprueba una medida sin diálogo social y sin consulta previa con los interlocutores sociales.

La medida aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 24 de agosto no va incentivar la demanda de vivienda en alquiler, al contrario, el número de arrendatarios seguirá siendo similar o quizás menor debido al recorte de garantías y derechos que tienen los inquilinos. Además hay que recordar que el Gobierno ha imposibilitado que haya nuevos perceptores de la Renta Básica de Emancipación. Los jóvenes conforman el 75% de la demanda en alquiler en España.

La oferta de vivienda en alquiler tampoco se verá incrementada, porque esta medida legislativa, aunque desequilibra la relación contractual entre inquilinos y arrendadores a favor de estos últimos, va más dirigida hacia la potenciación de las Sociedades de Alquiler, es decir, hacia la profesionalización de un mercado hasta ahora más de particulares. Finalmente, por tanto a quien se favorece nuevamente son a las entidades financieras frente al resto de ciudadanos, lo que convierte un bien de primera necesidad como es la vivienda en un bien de inversión, olvidándose del carácter social de la misma.

La demora en la tramitación de los desahucios no se debe a que los plazos que establezca la ley sean demasiado largos, al contrario, se debe a la falta de recursos de los juzgados. Algo que está directamente relacionado con la política de recortes de los recursos de las administraciones públicas (sanidad, educación, justicia, etc.)

UGT, por tanto, considera que esta medida del Gobierno recorta derechos y garantías jurídicas para compensar la falta de recursos de la Administración de Justicia, con el agravante de que la medida no cumplirá con el objetivo de la ley, agilizar los plazos del desahucio que seguirán dependiendo de los recursos del juzgado que tenga que tramitar el mismo.

Asimismo, critica lo que ya es tónica general de este Gobierno: aprobar una media sin diálogo social, sin negociación y sin consulta previa a los interlocutores sociales.