Educació pretende atajar los abusos en las bajas laborales
Con mascarillas, un termómetro, unos pañuelos y algunas cajas de medicamentos para el resfriado. Así se presentaron ayer los tres representantes sindicales (Francesc Cardona del STEI-i, Jacqueline Moreno de UGT y Joan Pere de CCOO), miembros en Menorca de la Junta de Personal Docente no Universitario de las Balears, en la delegación territorial de Educación, donde registraron una queja formal y una solicitud de reunión urgente con carácter negociador para solicitar que se aplique a los docentes la misma normativa que se asigna a los alumnos (no asistencia al centro por riesgo de contagio) en materia de salubridad, sin ninguna penalización económica.
Sus reivindicaciones son claras. Y es que “la normativa sobre la incapacidad temporal y las actuales circunstancias económicas obligarán a los docentes a ir a trabajar enfermos”, señalan, puesto que un docente que padezca una enfermedad común ingresará, del primer al tercer día de baja, una retribución del 50 por ciento, siempre que presente un certificado o justificación médica. En caso de no presentarlo, no cobrará la jornada durante la que ha estado de baja. En este supuesto, antes de la aplicación de la nueva normativa, los docentes no veían reducida la retribución.
Del día cuatro al veinte cobrará el 75 por ciento mientras que desde la jornada veinte de enfermedad común hasta la noventa, será retribuido totalmente. Por otra parte, consideran un agravio comparativo que se diferencie “riesgo durante el embarazo”, que será contemplado como una excepción y que, por lo tanto cobrará el cien por cien de la jornada laboral, y “embarazo de riesgo” en la que se aplicarán los mismos baremos retributivos que en cualquier contingencia común.
Los sindicalistas exigen que se multe y expulse a aquel que hace un mal uso de la función pública pero que “no se haga pagar al justo por el pecador”. Hernández asintió y les dio la razón aunque matizó que la normativa ha sido revisada para “atajar los abusos”.
Sus reivindicaciones son claras. Y es que “la normativa sobre la incapacidad temporal y las actuales circunstancias económicas obligarán a los docentes a ir a trabajar enfermos”, señalan, puesto que un docente que padezca una enfermedad común ingresará, del primer al tercer día de baja, una retribución del 50 por ciento, siempre que presente un certificado o justificación médica. En caso de no presentarlo, no cobrará la jornada durante la que ha estado de baja. En este supuesto, antes de la aplicación de la nueva normativa, los docentes no veían reducida la retribución.
Del día cuatro al veinte cobrará el 75 por ciento mientras que desde la jornada veinte de enfermedad común hasta la noventa, será retribuido totalmente. Por otra parte, consideran un agravio comparativo que se diferencie “riesgo durante el embarazo”, que será contemplado como una excepción y que, por lo tanto cobrará el cien por cien de la jornada laboral, y “embarazo de riesgo” en la que se aplicarán los mismos baremos retributivos que en cualquier contingencia común.
Los sindicalistas exigen que se multe y expulse a aquel que hace un mal uso de la función pública pero que “no se haga pagar al justo por el pecador”. Hernández asintió y les dio la razón aunque matizó que la normativa ha sido revisada para “atajar los abusos”.
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