El Comité Confederal Extraordinario de UGT aprueba por unanimidad la convocatoria de huelga general para el 14 de noviembre

En Madrid, el día 19 de octubre de 2012, la Unión General de Trabajadores ha celebrado el 6º Comité Confederal Extraordinario, habiendo aprobado por unanimidad la siguiente

RESOLUCION

Situación económica: más recesión, más paro y más desigualdades

Desde la celebración del último Comité Confederal Ordinario, en el mes de mayo, la situación económica de nuestro país ha continuado en una senda de progresivo deterioro, que puede caracterizarse brevemente en cuatro notas: más recesión, más paro, menos derechos y más desigualdades. El grado de descomposición es tal que se están viendo socavadas las bases de nuestro bienestar colectivo y de nuestras capacidades de desarrollo futuro.

La actividad de nuestra economía se está desplomando, como efecto conjunto de las políticas impuestas por la Unión Europea y aplicadas por el Gobierno español, basadas en un irracional e ineficaz ajuste que está quebrando las posibilidades de salida de la crisis y que se está traduciendo en un aumento del desempleo, que alcanza ya a casi 5,7 millones de trabajadores, con una tasa de paro que no deja de crecer: prácticamente ya una de cada cuatro personas que quieren trabajar y buscan empleo no puede hacerlo. Además, la cobertura de las prestaciones por desempleo sigue cayendo, y en la actualidad sólo beneficia al 67% de los desempleados, 13 puntos menos que hace dos años.

Todo ello está situando a las familias de nuestro país en una situación insostenible. A este inaceptable nivel de desempleo (un millón setecientos mil hogares tienen a todos sus miembros en paro) se unen los recortes salariales y en las prestaciones, ayudas y servicios públicas, y las subidas de impuestos. El resultado es un derrumbe de sus ingresos, que unido al elevado nivel de endeudamiento que aún sufren, está provocando crecientes niveles de pobreza y de desigualdad social.

Las políticas de recortes son las responsables de la asfixia económica y el desmantelamiento de nuestro modelo social

A estas alturas de la crisis, transcurridos casi cinco años desde que se empezaron a percibir sus primeros síntomas en nuestro país, no cabe achacar a sus causas originarias la persistencia y gravedad de su impacto. Más allá de la virulencia del seísmo financiero que se inició en EEUU y se extendió al resto del mundo, y de la quiebra de nuestro modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria, el empobrecimiento al que estamos sometidos desde hace dos años y la erosión de nuestro estado de bienestar obedece a otras razones, que son las erróneas políticas aplicadas desde entonces, subordinando todo al ajuste drástico del déficit.

Estas políticas, que comenzaron a aplicarse nítidamente en nuestro país en mayo de 2010, se han extendido y profundizado en los once meses de gobierno del Partido Popular. El Comité Confederal ya analizó las medidas adoptadas en los seis primeros meses de su mandato, y que merecieron una reprobación sin paliativos: drásticos recortes presupuestarios para 2012 en todas las partidas esenciales para el crecimiento (inversión en economía productiva, industria, infraestructuras, I+D+i, todas ellas necesarias para impulsar la actividad económica y el empleo) y en los servicios públicos esenciales, señaladamente en la sanidad y en la educación (acompañados en estos dos casos con regresivas propuestas de reforma); nuevos recortes salariales a los empleados públicos; puntuales subidas de impuestos y una amnistía fiscal para los defraudadores; y la ruptura del marco laboral y del sistema de negociación colectiva (cuyo negativo impacto se está empezando a ver ahora con toda su crudeza en forma de más despidos y peores condiciones laborales para los que mantienen un empleo); entre las actuaciones más lesivas.

Desde junio esta dinámica no sólo no se ha modificado, sino que se sigue atacando todos los flancos estratégicos de nuestra estructura socioeconómica. En el mes de julio el gobierno aprobó un nuevo Real Decreto-ley, el 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que lejos de hacer ninguna de las dos cosas que expone en su título, conforma una nueva batería de medidas de recorte de derechos laborales y sociales y de reducción de las partidas dedicadas a la protección social. En el mismo se recogen, entre otros, recortes en las prestaciones por desempleo (justo ahora, cuando son más necesarias), recortes en la dependencia (es decir, para quienes se encuentran en situación más desfavorecida), recorte de derechos laborales y salariales  a los empleados públicos y trabajadores del sector público empresarial (otra vez), o demagógicos recortes en las estructuras de las Administraciones Públicas.

Además se aprobó también allí la subida del IVA (que el Gobierno había negado una y otra vez), con lo que, junto a otras medidas impositivas puntuales, y junto a las que desde el mes de diciembre del pasado año se han ido aprobando, constituyen una auténtica reforma fiscal encubierta orientada hacia el único objetivo de recaudar más, y que carga el peso del esfuerzo sobre las clases medias y trabajadoras, mientras se muestra complaciente con las grandes fortunas y las bolsas de fraude.

La actuación más reciente ha sido la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que como era de esperar, propone el mayor ajuste de la democracia, un monumental tajo a nuestras capacidades productivas y a nuestro estado de bienestar, de consecuencias fatales. Estos Presupuestos resultan, de entrada, increíbles, en la medida en que plantean un escenario económico irrealizable, basado en supuestos excesivamente optimistas, desautorizados por las previsiones de todas las instituciones de análisis de nuestro país y de orden internacional. Pero además son inútiles para sacarnos de la crisis, puesto que no recogen ni una medida para impulsar la actividad y el empleo, y suponen drásticas reducciones en las partidas clave para la reactivación económica a través de la inversión productiva y en las políticas sociales básicas (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales).

Son unos Presupuestos que dan la espalda a los ciudadanos, puesto que desoyen todas sus necesidades. Eso sí, reflejan un aumento de los intereses de la deuda de 9.700 millones de euros, que son la más palmaria expresión del fracaso de las políticas aplicadas hasta el momento: no sólo han podado nuestras capacidades de despegue y han empobrecido el país, sino que no han servido para frenar los costes de nuestro endeudamiento externo (al contrario), aquello en función de lo cual se están justificando todos los recortes desde hace dos años y medio.

Una de las pocas partidas presupuestarias que crecerán en términos nominales la destinada a las pensiones, un 1%, lo que el Gobierno ha convertido en uno de sus mensajes centrales. Sin embargo, los pensionistas perderán poder adquisitivo en 2013. Primero, porque las subidas de impuestos (como el IVA) y de los precios de servicios básicos (como los de la electricidad), unidas al repago sanitario, más que absorberán ese reducido incremento del 1%. Y segundo, porque todo apunta a que el Gobierno no va a compensar a los pensionistas de la desviación de los precios en 2012, tal y como mandata la Ley de Seguridad Social, lo que supone un impacto por sí solo mucho mayor (podría alcanzar los 5.000 millones de euros) que la raquítica subida decidida para el próximo año.

En esta materia el Gobierno viene manifestándose con una calculada ambigüedad, que hace pensar que está esperando a que pasen las elecciones en Galicia y el País Vasco para tomar esta impopular decisión (un comportamiento similar al que ya tuvo el Partido Popular antes de las elecciones generales del 20N).

La crisis como coartada para aplicar unilateralmente un programa regresivo de reformas

A idénticos criterios partidistas y electorales responde el retraso del Gobierno en solicitar formalmente el rescate financiero a la Unión Europea. Para este Comité Confederal esta no es ya una cuestión relevante; lo realmente importante es que, con declaración formal de por medio o no, a todos los efectos nuestro país ya está intervenido, y que ya está ajustándose al plan de recortes dictado desde las instancias europeas. Las medidas que hasta ahora se han aplicado suponen la contrapartida a las ayudas ya implementadas o aceptadas por la troika (BCE, FMI, Comisión), o incluso a las que se están negociando desde hace semanas y aún no se han requerido de facto. Por eso, haya o no formalmente un nuevo memorándum de condiciones, estas sin duda ya existen, y se concretarán en nuevos ajustes como contenido de una política de largo alcance, destinada a promover en nuestro país las condiciones de desarrollo para una economía profundamente desregulada, con un sector público en continuo retroceso y una privatización creciente de los servicios que presta, y un estado de bienestar reducido y centrado en un carácter meramente asistencial.

Estas erróneas políticas no responden (o no exclusivamente) a un diagnóstico equivocado de los problemas de las economías europeas intervenidas, y en este caso de la española. En realidad obedecen a una estrategia deliberada que hay que rechazar y combatir por un triple motivo. Primero, porque se ha demostrado profundamente ineficaz para lograr sus objetivos declarados, reducir el déficit y crear nuevas bases para una reactivación económica sostenida; segundo, porque ataca las bases de nuestro estado de bienestar, y más allá, del modelo social europeo, socavando conquistas logradas hace muchos años y que constituyen la columna vertebral de un sistema de protección social avanzado al que Europa debe aspirar de modo irrenunciable; y tercero, porque se está implantando de forma antidemocrática, a través de negociaciones opacas en el nivel europeo y de medidas unilaterales que contravienen el programa electoral del Partido Popular en el ámbito nacional.

El Comité ha puesto de manifiesto también que, más allá de las políticas concretas desarrolladas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy viene mostrando comportamientos rechazables, por cuanto son contrarios a los valores que deberían caracterizar siempre la tarea de gobierno, pero incluso en mayor medida si cabe en la difícil coyuntura actual. Entre ellos, resultan especialmente censurables la permanente falta de transparencia de sus actuaciones, el incumplimiento reiterado de su palabra y compromisos, y el desprecio permanente y evidente por el diálogo.

El Ejecutivo está gobernado de forma indisimuladamente autoritaria, a golpe de real decreto, incapaz de encontrar acuerdos con otras fuerzas políticas, y despreciando el diálogo social con los interlocutores sociales. Todo ello plagado de tics antidemocráticos y declaraciones fuera de tono que, lejos de colaborar a encontrar puntos de consenso en temas centrales de nuestra vida económica y política, promueven la desunión y el enfrentamiento. En suma, una forma de gobernar centrada en el cálculo partidista más que en el interés general, que el Comité Confederal rechaza frontalmente.

Todo ello está generando importantes grietas en la cohesión democrática y en la convivencia pacífica de nuestro país que resultan muy preocupantes.

Se está produciendo una creciente desafección de la ciudadanía respecto de las instituciones y representantes políticos, que constituye un escenario propicio para el surgimiento de posiciones populistas y antidemocráticas. Ante esta situación, para UGT solo hay una respuesta: más democracia y más participación de los ciudadanos, profundizando en nuestro estado social y democrático de derecho. Para ello, una condición necesaria es que las elecciones políticas sean más representativas de la soberanía popular, lo que requiere una reforma de nuestro sistema electoral para hacer, entre otras cuestiones, que los resultados en términos de representantes sean más proporcionales a los votos de los ciudadanos.

Por otra parte, UGT rechaza los ataques y cuestionamientos interesados que en ocasiones se están vertiendo sobre nuestro modelo de Estado descentralizado. El Sindicato apuesta por desarrollar un modelo de Estado federal que promueva mayores niveles de autogobierno, solidaridad y cohesión social y territorial.

Ambas cuestiones, reforma del sistema electoral y avance hacia un modelo de Estado federal, deben ser impulsadas por los partidos políticos.

Igualmente, es necesario promover mayores dosis de democracia directa. Y en este sentido, es preciso que la consulta a los ciudadanos a través de referéndum, prevista en nuestra Constitución, desempeñe un papel más relevante, lo que debe implicar que los ciudadanos puedan promover esta iniciativa y que sus resultados sean vinculantes, modificando la situación actual en la que tan sólo puede impulsarla el Presidente del Gobierno y los resultados no son vinculantes.

Es necesario un referéndum para que los ciudadanos opinen sobre las políticas aplicadas

Las medidas y políticas impuestas en nuestro país, están produciendo una involución en nuestro modelo económico y social, despreciando la voluntad y la opinión de los ciudadanos. El Gobierno del Partido Popular está aplicando unilateralmente un verdadero programa oculto no refrendado por las urnas que contraviene todos sus compromisos electorales con quienes le otorgaron su confianza en las pasadas elecciones generales. Un programa, en este sentido, sin legitimidad social y democrática.

Por todo ello, UGT defiende y está promoviendo la convocatoria por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre las políticas aplicadas, en desarrollo del artículo 92.1 de la Constitución Española, que avala esta iniciativa cuando concurren circunstancias de especial trascendencia. El Comité valora muy positivamente esta actuación, y habilita a la Comisión Ejecutiva Confederal para que lleve a cabo las actuaciones derivadas de la Campaña que acaba de iniciar esta semana la Cumbre Social para impulsar esta importante iniciativa.

Una respuesta sindical solidaria, acorde con la gravedad de la situación y las necesidades de los trabajadores y del conjunto de la sociedad: propuestas realistas y progresistas y movilización permanente y creciente

El panorama descrito, a juicio del Comité Confederal, es de una acusada gravedad. No es exagerado decir que estamos atravesando un proceso de recesión económica y de regresión social sin precedentes en los últimos cuarenta años, que amenaza con socavar las bases de algunos pilares esenciales de nuestra convivencia democrática y del desarrollo de nuestro bienestar social. Por eso la respuesta sindical debe estar a la altura de esas excepcionales circunstancias.

Desde UGT siempre hemos apostado por el diálogo, la concertación y la propuesta. Así venimos demostrándolo desde hace muchos años, y en especial en esta fase de intensa crisis económica. Hemos alcanzado importantes acuerdos (el último, el II AENC) y hemos mantenido la oferta de diálogo en todas las condiciones, con la confianza de que tenemos propuestas realistas y progresistas para abordar los principales problemas que atravesamos a nivel nacional y europeo. Unas propuestas que hemos ofrecido a los diferentes gobiernos en reiteradas ocasiones, y que seguimos impulsando sin descanso.

Pero la situación hace tiempo que exige una movilización continua y sostenida, reclamando la reversión de las medidas que nos están aplicando unilateralmente y que están asfixiando a los ciudadanos, y la negociación de una nueva estrategia política y económica que compatibilice la reconducción de los desequilibrios presupuestarios con la reactivación de la actividad y el empleo, sin pérdida de derechos sociales y laborales. Algo que es no sólo posible, sino imprescindible. O la salida de esta crisis es solidaria y social, o no la habrá.

Desde el mes de julio, UGT ha impulsado varias movilizaciones en el seno de la denominada Cumbre Social, que integra a más de 150 organizaciones del ámbito sindical y social, que han tenido un seguimiento ciudadano masivo, y que este Comité valora muy positivamente. En Europa, la contestación social en los países más afectados por las políticas impuestas por la troika está siendo igualmente continua y contundente.

Pese a ello, ni el gobierno español ni las autoridades europeas han modificado sus políticas y recetas económicas, abocando a sus ciudadanos a una situación insostenible. Por eso, el Comité Ejecutivo de la CES, reunido el pasado día 17 de octubre, decidió convocar una Jornada de Acción y Solidaridad Sindical unitaria para el próximo 14 de noviembre contra las políticas de recortes y empobrecimiento colectivo que se están aplicando en toda Europa, y para reivindicar una salida social a la crisis.

En desarrollo de la propuesta de la CES, este Comité Confederal ha decidido facultar a la Comisión Ejecutiva Confederal para que proceda a la convocatoria e impulso de una Huelga General en contra de las regresivas políticas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular y en exigencia de políticas alternativas basadas en el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social, a desarrollar el día 14 de noviembre.