Los sindicatos del sector y la Plataforma en Defensa de l’Educació Pública reunen a 200 personas ante la delegación de Educació

Cerca de 200 personas se congregaron ayer ante la delegación de Educació en Maó para acercar sus protestas contra los recortes y el «despropósito» de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) a los responsables del Govern en la Isla. Convocados por los sindicatos mayoritarios del sector (CCOO, UGT y STEI-i), la concentración reunió sobre todo a profesores y miembros de la Plataforma en Defensa de la Escola Pública, además de algunos padres de alumnos.

Antes de dedicar una sonora pitada y abucheos a la política educativa del PP en Balears y en el conjunto del Estado, los representantes sindicales se dirigieron a los presentes para advertirles de los recortes (sobre recortes) que están por venir con los presupuestos del Govern para 2013 y de los cambios que implantará una Lomce (ya conocida como Ley Wert) que «no ataca las verdaderas deficiencias del sistema educativo», «consolida los recortes», da plenos poderes al director al convertir en meramente consultivo el Consell Escolar y abre la puerta a la entrada de empresas privadas en la evaluación de los alumnos en las reválidas.

«Es una ley oportunista y un despropósito total», aseguró Francesc Cardona, del STEI-i, quien lamentó que el Gobierno legisle «sin debate y sin el consenso de la comunidad educativa».

Sin debate y sin consenso

Desde la Plataforma en Defensa de l’Escola Pública criticaron, entre otros aspectos, la «recentralización» que impone la Ley Wert al reducir del 55 al 35% las materias que pueden escoger las Comunidades Autónomas y las desigualdades que provocará al avanzar a los 15 años la elección de estudiar una FP sin acceso posterior a ningún ciclo ni etapa educativa.

Con todo, la Ley Wert no fue el único blanco de las críticas de los docentes, que también cargaron tintas contra el anteproyecto de la ley de convivencia y autoridad del profesorado, que incluye sanciones como el despido, la suspensión de sueldo y puesto de trabajo durante 6 años o el destierro a otra Isla por «vulnerar el principio de imparcialidad» con acciones como llevar la camiseta verde en defensa de la escuela pública o llevar lazos en defensa de la enseñanza en catalán.