Los funcionarios de Ciutadella irrumpen en el pleno en «contra del ordeno y mando» del equipo de gobierno

Más de 70 empleados públicos protestan contra de los recortes y el alcalde decide acabar el pleno a puerta cerrada. La concejal alega que son medidas impuestas por el Estado y que las intentan consensuar con los sindicatos.

Inaudito final el que se vivió ayer en el pleno Ciutadella, que tuvo que suspenderse y reiniciarse en la Sala de Juntas, tras la protesta anunciada de los funcionarios en el Salón Gótico.

Eran las 20,45 horas, en el turno de preguntas, el pleno estaba a apunto de acabar. Cuando unos setenta funcionarios y empleados públicos del Ajuntament de Ciutadella irrumpieron en el pleno con pancartas, para protestar contra los recortes salariales y sobre todo con la actitud de «ordeno y mando» del equipo de gobierno en la Mesa de Negociación, que tiene que aprobar una serie medidas que afectan al funcionariado, y que muchas de ellas están impuestas por el Gobierno central.

El alcalde José María de Sintas llamó al orden y pidió que se retiraran las pancartas, ya que «el reglamento orgánico no admite manifestaciones». Los funcionarios se negaron. El primer edil insistió hasta tres veces. Volvió a encontrar un no por respuesta. Entonces, pidió que abandonaran el pleno. Los empleados públicos no se movieron. Y el alcalde decidió acabar el pleno en la Sala de Juntas, custodiada por cuatro policías de uniforme. En el otro lado, muchos otros agentes (de paisano) en esta caso protestando.

«Queda latente cómo actúan», aseguró uno de los representantes sindicales, mientras los ediles se dirigían a la sala anexa. Los funcionarios, convocados por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, esperaron a que los concejales salieran. Media hora después, acabó el pleno. Primero desfilaron los concejales de la oposición y cinco minutos después los del equipo de gobierno, que fueron recibidos con irónicos aplausos y algún grito de dimisión. De Sintas, visiblemente enojado, fue el último que pasó por el pasillo de funcionarios y fue el más abucheado.
«Queremos que al menos se nos escuche», alega el secretario insular de la función pública de UGT, Llorenç Valls. El sindicalista es consciente que «es el Estado el que marca las bases, pero también es verdad que deja un margen para que éstas no sean tan lesivas», y en cambio, el Ajuntament de Ciutadella no «deja margen de maniobra».
Ponen como ejemplo, las bajas. El Estado pide que en los primeros tres días sólo se abonen el 50%. Los sindicatos reclaman que al menos la primera baja anual se pague al 100%, algo que el consistorio se niega. Igual pasa con las indisposiciones, «el Estado deja un margen de hasta cuatro y la concejal impone ninguna», asegura. En el caso de los días moscosos, el Gobierno los rebaja de 9 a 3, «aunque contempla que son negociables», algo a lo que no accede el equipo de gobierno.

Por su parte, la concejal de Personal, Inmaculada González salió ayer al paso de las críticas de los funcionarios, mediante un comunicado. González recuerda a Valls que ella es sólo la presidenta de la Mesa de Negociación y que los «acuerdos y desacuerdos de la Mesa son fruto de todos los grupos políticos y sindicatos que la componen, y no del capricho de la concejal de Personal», y que estas medidas se tienen que aprobar ya que vienen impuestas desde el Estado.

La regidora asegura que existen muchos ejemplos que demuestran que el Ajuntament de Ciutadella no se cierra en banda, como denuncia UGT. En este sentido, destaca que el «Ajuntament amplió el número de excepciones» para aplicar la medida impuesta, mediante decreto ley, por el Estado que regula las bajas en la administración pública. Asimismo destaca que se decidió mantener becas y ayudas médicas en 2012, se llegó a un acuerdo en el proceso de promociones internas o establecer un complemento para las trabajadoras familiares que cubran las vacaciones.

Sobre el veto de los sindicatos a la concejal, González recuerda que «a nivel legal, ningún sindicato tiene la potestad para declarar válido a ningún miembro de esta Mesa», a la vez que destaca que «a este consistorio jamás se le ocurriría plantear a ningún sindicato como no valido».