NO A LA LEY MORDAZA DE INSEGURIDAD CIUDADANA

Estamos atravesando  una situación de crisis económica que ha pasado a ser sistématica y en la que la respuesta del gobierno ha venido de la mano de recortes en derechos sociales, en derechos laborales, de los servicios sociales como la educación, la sanidad, el aumento en las tasa que dificulta el acceso a la justicia o la universidad para la clase trabajadora y donde cada día hay más personas que sufren el drama del paro o los desahucios. Lógicamente las movilizaciones y las protestas se agudizan y aglutinan a nuevos sectores de la sociedad hasta ahora políticamente poco activos. Estas nuevas corrientes, sumadas a colectivos que llevan años trabajando por la justicia social, disfrutan actualmente de mejor consideración que las administraciones gobernadas por aquellos que no tienen ninguna intención de cambiar las cosas.

Ante movimientos y formas de actuar que tienen una gran aceptación, el poder crea nuevas formas de represión más invisibles. El Consejo de Ministros ya ha firmado el anteproyecto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. En este se recogen 58 tipos de infracciones legales. Algunas eran anteriormente faltas penales, pero han pasado a ser infracciones administrativas, así que para imponer una sanción basta con aplicar el principio de veracidad de los cuerpos de seguridad del Estado que la denuncian. Y todo ello sin que intervenga un juez.

Las sanciones por infracción van de las leves (de 100 a 1.000€), pasando por las graves (de 1001 a 30.000€) hasta las muy graves (de 30.001 a 600.000€).

Con la nueva ley, protestar nos puede salir muy caro, nuestra ciudadanía nos puede salir muy cara. Tan cara que el precio es la pérdida de derechos fundamentales como el derecho a reunión y manifestación o el derecho a la libertad de expresión.

Algunos ejemplos:

- Participar en una manifestación no comunicada puede suponer hasta 1000€ de multa.

- Modificar el itinerario en una manifestación comunicada también hasta 1000€.

- Amenazar o insultar a un policía durante una manifestación, así como grabarlo o fotografiarlo durante acciones que puedan dañar su honor o imagen y su difusión, hasta 1000€.

- Desobediencia a la autortdad o negativa a identificarse, hasta 30.000€.

- Negativa a disolver una convocatoria comunicada, hasta 30.000€.

- Injuriar, calumniar o perder el respeto a cualquier institución, autoridad o empleado público puede representar una multa de hasta 1.000€.

- La “ofensa” a España, comunidades autónomas, instituciones locales, así como a sus símbolos o himnos efectuados por cualquier medio (esto incluye Internet), hasta 30.000€

- Parar un desahucio, hasta 30.000€.

- Perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones multitudinarias, hasta 600.000€.

La reforma no tiene otra finalidad que disuadir de que nos quejemos y de que hagamos visible nuestra voluntad de cambio a aquellos que estamos sufriendo las consecuencias de un sistema y unas políticas injustas con la mayoría. El gobierno parece añorar los tiempos del franquismo. No quiere oposición a sus políticas o, a lo sumo, que ésta sea minoritaria y clandestina. Si el gobierno pone precio individual a la protesta colectiva, nuestra respuesta tiene que ser aún más colectiva.

Todos los derechos y libertades se han conquistado a través de la organización, la reivindicación y la desobediencia civil. El sufragio universal, los derechos laborales, el derecho al aborto, el derecho a huelga o la supresión del servicio militar obligatorio son sólo unos ejemplos de los conseguidos por la organización y movilización de la sociedad frente a lo establecido.

Por todo ello, rechazamos la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y nos oponemos a ella haciendo exactamente lo que pretenden erradicar: movilizándonos, organizándonos y desobedeciendo las leyes injustas, con tal de no perder derechos que tanto costó conseguir y para conquistar otros nuevos. Porque sabemos que el poder reside en el pueblo organizado y que otro mundo es posible, saldremos a la calle tantas veces como sea necesario para decir que ¡NO PASARÁN!.

Diversos moviments socials, així com sindicats i partits polítics se sumen a la convocatòria: la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, la Plataforma en defensa de l’escola pública, l’APIMA IES Cap de Llevant, Entrepobles, 15M, Menorca en Transició, Així No!, AFEM, CCOO, UGT, STEI-i, CGT, PSOE, PSM, EU i EQUO.