Acuerdo para el empleo y la Negociación Colectiva.
No hay principio de acuerdo con la patronal sobre el AENC
Se está
negociando un acuerdo nuevo, no una prórroga.
El Secretario de Acción
Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha desmentido -tal y como recoge algún medio de
comunicación- que haya un principio de acuerdo con las organizaciones
empresariales respecto a prorrogar el actual Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva. Es un acuerdo que termina el 31 de diciembre y cuya
renovación no es posible a través de la prórroga, “tal y como ya hemos
consensuado con las organizaciones empresariales”, porque el acuerdo de
2012-2014 corresponde a un periodo de recesión económica, en absoluto al periodo
de recuperación económica del que están hablando la patronal y otras
instituciones. Ferrer ha precisado que “hay que negociar un acuerdo nuevo, un
acuerdo en el que se traten los problemas centrales que hoy en día tienen las
empresas y los trabajadores”.
En este sentido, se hablará
sobre fomentar la estabilidad en el empleo y la correcta utilización de la
contratación para reducir la dualidad, impulsar la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, la seguridad y salud en el trabajo y extender la
formación para el empleo, como un instrumento para mejorar la empleabilidad y,
por tanto, también la productividad de las empresas. Asimismo, ha afirmado que
hay que “desarrollar también criterios en materia de reestructuraciones
empresariales, impulsar la flexibilidad negociada frente a posibles ajustes de
empleo y dar respuesta a la necesaria estructura de la negociación colectiva,
fortaleciendo los acuerdos sectoriales y dotando de estabilidad a la vigencia de
los convenios, superando así la imposición de la reforma laboral en materia de
ultraactividad”. En el marco de estas materias, ha precisado, se tratará la
política salarial.
Por último, Ferrer ha señalado que, en absoluto, se
puede vincular el tratamiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con el
proceso de discusión bilateral que mantienen patronal y sindicatos. El SMI es
una obligación que tiene el Gobierno de la nación y que debe consultar con los
interlocutores sociales. Ferrer ha recordado que el Ejecutivo ha congelado el
SMI en años anteriores, lo que ha provocado una pérdida del poder adquisitivo a
las personas más desfavorecidas. UGT planteará, en primer lugar recuperar el
poder adquisitivo perdido, que está por encima del 5,8% y que el Gobierno se
comprometa a cumplir, en un plazo de tiempo razonable, con la Carta Social
Europea, que establece que el SMI alcance el 60% del salario
medio.
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