Manifiesto 28 de abril Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo.
28 abril de 2016
Día Internacional
de la Salud y Seguridad
en el Trabajo
En 2016 celebramos el vigésimo
aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. En este periodo hemos asistido al tránsito desde la seguridad e
higiene franquista a la prevención de riesgos emanada de la Directiva Marco
europea. La generalización de la actividad preventiva en las empresas, las
políticas públicas activas y la labor de los recién elegidos delegados de
prevención lograron, no sin pocos esfuerzos, una mejora de las condiciones de
trabajo que se tradujo en un periodo de acusado descenso de la siniestralidad
que se prolongó desde 2000 hasta 2012. La Ley 31/1995 ha posibilitado pasar de
un enfoque reactivo, de reparación del daño una vez que se produce, a un
enfoque preventivo, con el objetivo fundamental de conseguir un estado de
bienestar integral del trabajador.
Sin embargo, la apuesta por
políticas de ajuste de marcado acento neoliberal como alternativa de salida a
la crisis, especialmente representadas por las reformas laborales, deterioraron
de forma grave la negociación colectiva y el ejercicio efectivo de derechos,
elementos imprescindibles para la salud y la seguridad en el trabajo. Estas
dinámicas han determinado una regresión de la prevención en las empresas
durante esta última legislatura y, no por casualidad, la aprobación de la
Reforma Laboral del Partido Popular en 2012 coincidió con el cambio de
tendencia de la siniestralidad. En estos cuatro años de legislatura han
fallecido 2.310 trabajadoras y trabajadores y desde 2012 hasta 2015 se han
acumulado incrementos del 8% en el índice de incidencia para el conjunto de
sectores y del 9% para la siniestralidad mortal. Es inadmisible que en pleno
Sigo XXI, fallezcan más de 600
personas en un año por el hecho de
ejercer su labor profesional.
El debilitamiento de la
negociación colectiva conlleva pérdida de derechos y la generalización de unas
relaciones laborales marcadas por la precariedad. Esta última característica se
encuentra, sin ningún lugar a dudas, detrás del incremento de los accidentes de
trabajo. El mejor ejemplo de ello es lo que ha sucedido en los últimos años en
el sector industrial, hasta hace poco paradigma de la estabilidad en el empleo.
En los dos últimos años, los nuevos contratos de duración inferior a una semana
han pasado del 10% al 28% y la siniestralidad mortal en 2015 en ese mismo
sector ha crecido en un 45%. Una alta rotación de contratos de tan corta
duración impide garantizar los derechos de información y formación en los
riesgos y medidas preventivas existentes en la empresa. Por otra parte, cada
vez es más frecuente y está más extendida la descentralización productiva entre
las empresas españolas, lo que provoca una externalización de los riesgos laborales
hacia los autónomos y trabajadores de PYMES y subcontratas.
Pero existen más
factores que influyen en el repunte de los accidentes y unos de ellos es la desigualdad.
Entre 2012 y 2014, último año de que disponemos de índices de incidencia desagregados
por sexo, la siniestralidad en los hombres ha aumentado un 2,8% mientras que en
las mujeres el incremento ha alcanzado un 12,3%, casi 10 puntos de diferencia. Las
condiciones de trabajo en los sectores y actividades más feminizados han
sufrido con más rigor los efectos de la crisis y de las políticas de ajuste, lo
que unido a la falta de políticas eficaces de igualdad de género contribuye al
deterioro de la salud de las trabajadoras. Un dato para reforzar esta idea: desde
2013 el número de partes comunicados de enfermedad profesional con baja en
mujeres es superior en términos absolutos al de los hombres a pesar de ocupar
un volumen menor de población.
Esta legislatura tampoco
ha servido para solucionar el grave problema de ocultación de Enfermedades
Profesionales, sobre todo de aquellas más graves y que comportan mayor
sufrimiento a las personas afectadas y sus familias. El caso del cáncer laboral
es especialmente sangrante: mientras que las estimaciones más conservadoras
sitúan en 9.000 casos el número de nuevos diagnósticos anuales de cáncer en
España atribuibles a exposiciones laborales, las Mutuas sólo han comunicado 23
en 2015, 19 de ellos por exposición al amianto. De forma similar, los
trastornos producidos por los riesgos psicosociales siguen sin ser registrados,
a pesar de su incremento debido al deterioro de las relaciones laborales
producto de la crisis. En definitiva, las enfermedades ocasionadas por el
trabajo terminan derivándose a los Servicios Públicos de Salud en lugar de a
las Mutuas, infradeclarando su número, aumentando el gasto público y
erosionando la prevención porque lo que no existe no se previene.
Ante este panorama, en
el marco del 28 de Abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el
Trabajo y ante el inicio de una nueva legislatura, CCOO y UGT queremos
trasladar a la sociedad española y en especial a los partidos políticos la necesidad
de poner en marcha las transformaciones necesarias para forzar un cambio de
rumbo en la prevención de riesgos laborales adecuándola a realidad laboral
actual.
La LPRL sigue siendo un
instrumento útil para la salud laboral, pero es necesario derogar todas las
normas que han impedido que todos los colectivos tengan el mismo grado de
protección de su salud. Las reformas laborales han extendido la precariedad,
han instalado el miedo a perder el empleo, han individualizado las relaciones
laborales, dificultado el ejercicio efectivo de derechos y profundizado en la
desigualdad.
Se debe revertir la
reforma del marco jurídico de las Mutuas, ya que supone un nuevo recorte en los
derechos de los trabajadores y que sólo ha servido para que éstas invadieran
competencias de los servicios públicos, privatizando la gestión de actividades
que deberían ser exclusivas de la Seguridad Social. Hay que frenar la creciente
dualización del sistema público de salud, una sanidad para población activa a
través de las Mutuas y otra para la inactiva cada vez más deteriorada, que
supone de facto uno de los procesos de privatización de la Sanidad más intensos
y desconocidos. Este proceso se ha agravado con la venta de las Sociedades de
Prevención de las Mutuas a grandes grupos privados, monetizando la salud
laboral y desnaturalizando la vigilancia de la salud en el trabajo, que de ser
un derecho de los trabajadores está pasando a convertirse en un mecanismo de
control empresarial y de ajuste de plantillas.
Desde la publicación de
la LPRL hemos aprendido que la mera aprobación de una legislación adecuada no
garantiza la protección sin la existencia de controles estrictos. Para ello
exigimos a las administraciones que intensifiquen las políticas activas en
materia de prevención dotando con los suficientes medios económicos y humanos a
los organismos técnicos como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
Trabajo o los institutos autonómicos. La Inspección de Trabajo debe incrementar
sus plantillas de inspectores y subinspectores, reforzar y actualizar su
formación y dotar de personal al recientemente creado cuerpo de subinspectores
especializados en salud y seguridad en el trabajo. Y se hace más necesario que
nunca el pleno desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
2015-2020, haciendo especial hincapié en todas las cuestiones relacionadas con
enfermedades de origen laboral.
Y en el marco de la
empresa, es preciso que se recuperen las inversiones en prevención y, sobre
todo, la centralidad de la negociación colectiva en las relaciones laborales.
La negociación colectiva está estrechamente ligada a la presencia de sindicatos
en los centros de trabajo, lo que constituye la mejor garantía para el
ejercicio de derechos y para la protección de la salud. Es un hecho que en los
centros de trabajo en los que hay presencia sindical hay menor siniestralidad
laboral y mejores condiciones de seguridad y salud. Sin embargo, en nuestro
país hay un millón de empresas con menos de 6 trabajadores, en las que trabajan
dos millones de personas que no tienen derecho a elegir un delegado de
personal, y una estructura productiva basada en la pequeña y muy pequeña
empresa que dificulta la implantación de los sindicatos en una gran parte del
tejido productivo. Por ello, de nuevo volvemos a reclamar el establecimiento de
la figura del delegado de prevención territorial o sectorial que pueda acceder al
control de las condiciones de trabajo en estas empresas, con las mismas competencias
y garantías que determina la LPRL para los delegados de prevención y con el
objetivo de asegurar el ejercicio al derecho a la salud y a la seguridad y los
niveles de protección a estos trabajadores en los mismos términos que en el
resto de las empresas.
Como cada 28 de Abril,
Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, UGT y CCOO vamos a
recordar a las trabajadoras y los trabajadores que fallecieron o perdieron la
salud mientras se ganaban la vida y nos comprometemos a luchar durante el resto
del año para acabar con la precariedad, la desigualdad y las injustas
condiciones de trabajo que se encuentran tras los accidentes y las enfermedades
de origen laboral.
Trabajo realizado en Menorca
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