UGT rechaza la intención de las patronales de comercio de recortar la compensación por trabajar en domingo o festivo.
La Federación de Servicios, Movilidad y
Consumo de UGT (FeSMC-UGT) trasladará el próximo martes a las patronales
de comercio su “negativa más rotunda” a firmar el nuevo convenio si
implica un recorte en la compensación por trabajar en domingo o festivo,
que actualmente se paga a nueve o diez euros la hora.
La organización sindical considera que
el “caballo de batalla” de la negociación del convenio, que afecta a más
de 45.000 trabajadores del archipiélago, será convencer a las patronales para
que desistan en su intento de rebajar la compensación por domingo y
festivo y de implantar la jornada irregular a lo largo de todo
el año.
“Por responsabilidad seguiremos
negociando, pero no vamos a firmar un convenio a cualquier precio,
no podemos ir en contra de los intereses de los trabajadores”, ha advertido Bladimiro
García, responsable del sector del comercio de FeSMC-UGT.
García ha valorado la propuesta de las
patronales de mejorar los salarios por encima del 1,5% anual que
marca el último acuerdo de negociación colectiva estatal, aunque ha criticado
que no hayan aportado todavía un porcentaje concreto de subida, y
ha recordado que UGT reclama una incremento salarial del 3% cada año.
Ha añadido que todavía no se han
abordado en profundidad los puntos sobre el descanso semanal y entre
jornadas, unas cuestiones que podrían “crear otro desencuentro” entre
patronales y sindicatos.
Por todo ello, García ha manifestado que
si las patronales de comercio continúan con su propósito de “recortar” las
condiciones laborales de los trabajadores del sector, UGT se verá
obligada a iniciar movilizaciones para defender el articulado actual del
convenio.
“El convenio de comercio contempla la ultraactividad
indefinida, es decir, la posibilidad de que se prorrogue de manera
automática”, ha señalado el responsable del sector del comercio de FeSMC-UGT.
La organización sindical ha insistido en
que no está dispuesta a aceptar un convenio que rebaje derechos
laborales que “han costado años de lucha y que necesitaron de la
intervención judicial para consolidarse”.
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