UGT exigirá las mismas garantías para todos los trabajadores, subcontratados o no

UGT insiste en intensificar las actuaciones, tanto sindicales, como administrativas y judiciales, destinadas a corregir las desigualdades y fraudes que producen las empresas multiservicios en todos los sectores de actividad. El sindicato defiende, entre otras cosas, que es necesario vigilar la actuación de las empresas principales con los trabajadores subcontratados, que hay que promover la inclusión en los convenios sectoriales y en los de las empresas principales, cláusulas que preserven las condiciones mínimas aplicables a los trabajadores de empresas subcontratadas y que no se deben firmar convenios sin contrastar que recogen las mismas garantías laborales y salariales pactadas en el sector de referencia o, las de la empresa, si fueran más favorables. 

Para UGT, la proposición de ley del Partido Socialista es positiva porque supone un avance en la mejora de la regulación de la subcontratación y abriría la vía para enriquecer el texto en línea con las demandas sindicales, pero más allá de modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, tal y como contempla esta proposición de ley, y mientras que se incorporan los cambios en la regulación, el sindicato considera que también habría que modificar los artículos 15, 42, 44 y 81, y abordar todos los aspectos relativos a la subcontratación así como establecer una visión de conjunto sobre las cuestiones que afectan a las relaciones laborales en el marco de la externalización y subcontratación.

Además, es necesario dedicar un apartado específico a las empresas multiservicios, que han proliferado en los últimos años y están provocando una mayor precarización de las condiciones de trabajo. 

En definitiva, UGT demanda que se revise la normativa laboral y la actual regulación de las actividades de externalización de servicios para garantizar los derechos de los trabajadores subcontratados y perseguir los abusos de las empresas multiservicios y recuerda que los sindicatos presentaron una Declaración conjunta el 18 de marzo de 2015 en relación a las empresas multiservicios, en la que se fijan iniciativas y acciones a desarrollar en los ámbitos sindicales, políticos e institucionales y en la que acordaron: 

 1. Intensificar las acciones, tanto sindicales como administrativas y judiciales, para corregir las desigualdades y fraudes que producen las empresas multiservicios en todos los sectores de actividad. 

 2. Instar a la Dirección General Estatal de la Inspección de Trabajo para que actúe de oficio contra las prácticas fraudulentas o irregulares de estas empresas que tienen, además, una importante repercusión negativa en los ingresos por cotizaciones en el sistema de la Seguridad Social y, en última instancia, en los ingresos de la Hacienda Pública. 

 3. Insistir de nuevo, ante los partidos políticos y el Gobierno, en la reforma urgente de los artículos 43 al 45 del Estatuto de los Trabajadores, la derogación de la reforma laboral y la regulación legal o administrativa de las Empresas Multiservicios para su control y seguimiento. 

 4. Instar a CEOE y CEPYME a que se posicionen respecto a las empresas multiservicios y más en concreto, sobre la aparición de nuevas asociaciones que parecen convivir e invadir espacios de negociación colectiva y patronales ya existentes. 

 5. Impulsar en los convenios sectoriales y de empresa cláusulas de garantía para regular una externalización responsable, tanto con las plantillas de las empresas principales como con el personal subcontratado. 

6. Trasladar la presión y la responsabilidad del modelo de externalización a las Empresas principales o clientes y Administraciones. UGT y CCOO consideran que los términos en los que se contratan y subcontratan las actividades, tanto principales como auxiliares, en el propio contrato mercantil, son los que fijan las condiciones laborales y salariales de las personas externalizadas, es decir, la plantilla de las empresas multiservicios. 

7. Ambas organizaciones ratifican su compromiso de no firmar convenios que no cumplan con las mínimas garantías laborales y salariales recogidas como base en la Declaración conjunta del 18 de marzo de 2015