Manifestación 01 de mayo 2018
Unas doscientas personas se han participado en la
manifestación del Primero de Mayo que ha salido desde la plaza Esplanada de Maó
y ha discurrido por las calles del centro de Maó hasta la plaza del busto Miranda
delante del edificio de los sindicatos, donde se ha leído un manifiesto por
tres personas en representación de los sindicatos convocantes UGT y CC.OO,
juntamente con el STEi como adherido reivindicando los derechos de los
trabajadores y criticando la política del Gobierno.
Tenemos que recordar que en el apartado de
adhesiones se contaba con el PSOE, ARA Maó, Mes per Menorca, y Podemos.
La
manifestación ha salido desde la Plaza Explanada de Maó, donde se han visto
paraguas de los manifestantes para protegerse de la lluvia desde el inicio
hasta el final de la misma.
A la manifestación se han sumado organizaciones como los
jóvenes del Bloc anticapitalista con el lema "repartim el treball i la riquesa,
defensam la dignitat".
Una vez terminada la manifestación y leído el manifiesto,
han tomado la palabra los portavoces de cada uno de los
sindicatos, Servando Pereira (UGT), Antonio Soria (CCOO) y Maria Camps (STEI).
La
devaluación salarial y la precarización de las condiciones de trabajo,
promovidas por la reforma laboral, fomentan una recuperación basada en un
reparto desigual de la riqueza y fomenta un modelo de crecimiento asentado en
actividades poco productivas.
Esto se refleja en un mercado de
trabajo caracterizado por:
• Nueve de
cada diez contratos realizados son temporales. Y la duración media de esos
contratos temporales es cada vez menor: uno de cada cuatro dura menos de una
semana.
• La rotación laboral, tanto entre
el empleo temporal como entre el indefinido, ha aumentado con la crisis y se ha
acelerado tras la reforma laboral de 2012.
• La contratación a tiempo parcial,
en su mayoría involuntaria, ha ganado peso en estos últimos años. Además, el
74% del empleo a tiempo parcial está ocupado por mujeres (uno de los culpables
de la brecha salarial de género).
• La mayor parte del empleo
generado se ubica en actividades de bajo contenido tecnológico (91%) y sólo el
9% en ramas de industria y en los servicios de contenido tecnológico medio y
alto.
• Baja el paro, pero la cifra de
personas desempleadas continúa siendo muy alta (3.766.700 personas, de las que
2 millones son mujeres). El paro de larga duración, más de un año sin empleo,
afecta ya al 50,4% de las personas desempleadas.
• Los niveles
de protección contra el desempleo siguen en mínimos. Casi la mitad de los
desempleados no percibe ninguna prestación (1,56 millones de personas). Y el
14% de las personas con empleo son pobres.
• Ha aumentado la siniestralidad
laboral. Durante los últimos 5 años han fallecido más de 3.000 trabajadoras y
trabajadores en accidente de trabajo. Y existe una gran cantidad de
enfermedades de origen profesional no declaradas como tal.
• La organización empresarial se
transforma para maximizar el beneficio a costa de los derechos laborales:
desde la expansión de las empresas multiservicios con salarios mínimos y máxima
precariedad contractual, hasta el reciente fenómeno de las plataformas
digitales que niegan el carácter laboral de la relación de trabajo y los
derechos laborales básicos a sus trabajadoras/es.
• Se están implantando fórmulas
abusivas de organizar el tiempo de trabajo con total discrecionalidad empresarial
y con alargamientos de jornada que ni se retribuyen ni se compensan.
• Las mujeres dejaron de percibir,
por un trabajo igual o de igual valor, casi 6.000 euros al año.
• Es inaceptable que el Gobierno en
su proyecto de PGE 2018 reduzca de 200 a 80 millones la partida presupuestaria
para combatir la violencia de género, lo que expresa con crudeza la escasa
voluntad del ejecutivo para acabar con las violencias machistas.
La negociación colectiva se
encuentra encorsetada por las medidas regresivas adoptadas por las reformas
laborales, y por la actitud de patronales y empresas que se resisten a revertir
sobre las trabajadoras y trabajadores los efectos positivos del crecimiento de
la economía. Una muestra de esta conducta empresarial fue la imposibilidad de
pactar el incremento salarial para 2017 en el marco del entonces vigente Acuerdo
interprofesional para el Empleo y la Negociación Colectiva y las grandes
dificultades para avanzar en las negociaciones actuales en torno a un nuevo
Acuerdo para 2018 y años posteriores.
UGT
y CCOO exigimos, porque es de justicia,
que en esta etapa de recuperación económica la negociación colectiva refleje
una mejora sustancial de los salarios en general y de los más bajos en
particular, con cláusula de garantía para proteger el incremento pactado de
aumentos excesivos de los precios de los productos de consumo y con un aumento
de los compromisos empresariales en relación a la estabilidad y calidad del
empleo, la reducción de las desigualdades, la protección de la salud y la
inversión productiva. Urge redistribuir la riqueza para reducir la brecha de
la desigualdad y favorecer que colectivos como mujeres y jóvenes mejoren su
poder adquisitivo.
El reciente acuerdo firmado en el ámbito del
empleo público es un ejemplo en materia de recuperación salarial y de la
estabilidad del empleo, que habrá que seguir desarrollando en otros niveles de
negociación con las Administraciones y organismos públicos.
CCOO y UGT consideramos imprescindible recuperar el papel central de los
convenios sectoriales estatales; así como derogar los aspectos regresivos de
las reformas laborales.
UGT y CCOO nos proponemos lanzar una creciente movilización laboral y
social, que obligue tanto a las patronales como al Gobierno, y a los grupos
parlamentarios que le dan soporte en el Parlamento, a abordar las reformas necesarias
en materia de negociación colectiva y de empleo de calidad.
No olvidamos que 300 sindicalistas siguen encausados o condenados
simplemente por manifestarse o participar en un piquete informativo, por
defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Exigimos su
absolución y la derogación inmediata de la Ley Mordaza porque desde su
imposición se ha perdido calidad democrática y libertades. Es necesario
descriminalizar el derecho de huelga y de manifestación.
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